El Consejo de ministros ha dado luz verde al Plan Normativo del Gobierno para el año 2021. Un plan que, pese a llegar a tan solo 4 meses de la finalización del año 2021 – y que según la Ley 50/1997 del Gobierno, debería haberse presentado un año antes – recoge cuál va a ser la hoja de ruta del Gobierno de Sánchez para lo que queda de año.
El Plan Normativo, que la Administración Pública debe publicar en el Portal de Transparencia como una forma de facilitar la rendición de cuentas ante la ciudadanía, cuenta con el trabajo y las aportaciones de todos los ministerios y permite que, a posteriori, se pueda evaluar el grado de cumplimiento de las medidas presentadas por el Gobierno.
En este caso, y pese a la tardanza en su publicación, el Plan Normativo incluye 144 iniciativas – 37 de ellas son trasposiciones de normas de la UE –. Del total de normas, 6 son leyes orgánicas, 28 leyes ordinarias, mientras que el número de Reales Decretos asciende hasta un total de 110. Es decir, un 4% son leyes orgánicas, un 20% leyes ordinarias y un 76% Reales Decretos.
Este nuevo curso político que comienza en septiembre tiene grandes retos sobre la mesa, y aunque el Gobierno da por satisfactorio el grado de cumplimiento que, hasta ahora, se ha mantenido y que incluye cuestiones como la aprobación de la ley de Cambio Climático, la ley de “Solo sí es sí” o la subida del salario mínimo interprofesional – entre muchas otras –, refleja que queda por delante un largo camino que recorrer .
Las materias en las que se prevé una mayor actuación normativa para lo que queda de año son, en primer lugar, Agricultura, Ganadería y Pesca, con 16 proyectos normativos previstos; seguido de Educación, Formación Profesional y Universidades, con 15 propuestas; y, en tercer lugar, Empleo y Relaciones Laborales, con 10 iniciativas planeadas. Las siguientes materias son Energía (9 iniciativas), Justicia (9) y Derechos Sociales e Inclusión Social (8).
Cada ministerio ha presentado sus propuestas normativas, algunas ampliamente esperadas, con las que se pretende situar a España en la vanguardia europea. Por ejemplo:
– El Ministerio de Justicia ha presentado el anteproyecto de Ley de enjuiciamiento criminal que supone la transformación integral del proceso penal basado en dos principios: la coherencia con el modelo constitucional de la Justicia y la armonización con el Derecho de la Unión Europea.
– La anhelada Ley estatal por el derecho a la vivienda, que ha presentado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el objetivo de definir el marco legislativo del derecho a la vivienda en España desde el ámbito de competencias del Estado.
– La también muy esperada Ley del Deporte, que sustituirá a la Ley vigente desde 1990, y que dotará al ordenamiento jurídico deportivo de las herramientas básicas para afrontar los retos y necesidades del deporte actual en las próximas décadas.
– El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital incorpora en el Plan Anual dos leyes con las que pretende potenciar el crecimiento de nuestra economía: la Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes y la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas.
– El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha presentado la ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para avanzar en un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, preparado para las nuevas demandas y oportunidades globales, mediante la modernización de las relaciones laborales. O el Real Decreto por el que se fija el SMI para 2022, prioridad absoluta para Pedro Sánchez, según ha manifestado recientemente.
El Plan, según han declarado desde fuentes del Gobierno, se ha centrado en la recuperación económica y social y el impulso a la revigorización del país tras la situación de pandemia producida por la crisis de la COVID-19. Si bien es cierto, hay algunas medidas que no se contemplan en este Plan normativo, como la reforma del delito de sedición y rebelión del Código Penal, y que tiempo atrás desde el Gobierno habían prometido.
Quedan 4 meses en los que el Gobierno debe trabajar intensamente para dar cumplimiento a todos los proyectos normativos que se recogen en el Plan Anual de 2021, muchos de ellos además incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado a Europa el pasado mes de abril. Una tarea que parece complicada por la falta de acuerdos entre los socios de la coalición.