La sociedad es una estructura política. Y como tal, las relaciones de poder son, como indica Weber, el eje articulador de la vida social. Tanto es así que el ser humano vive en un continuo dilema entre su capacidad de influir, y la de ser influido. Si bien es cierto, la historia ha demostrado cómo el poder tiende a concentrarse en pocas manos –cada vez menos – con mucha capacidad de decidir y reorientar el rumbo de cualquier decisión.
Así, en un contexto mundial y socioeconómico tendente a la concentración de poder, resulta fundamental, por no decir obligatorio, la creación de mecanismos y herramientas que, lejos de querer quitar voz política o capacidad de agencia a los que la tienen, fuesen capaces de asegurar que su influencia se ejerce de una forma justa, transparente y respetando las reglas del juego.
Al final, no es poco lo que todos nos jugamos: el fortalecimiento de la calidad democrática. La regulación implica una mayor capacidad de la sociedad para ejercer su derecho a la accountability –rendición de cuentas– y una forma de protección frente a la corrupción y los abusos de poder. El establecimiento de mecanismos de control y legislativos permitiría tres cuestiones básicas y centrales para la mejora de la democracia. Por un lado, que absolutamente todos los actores pudiesen tener un espacio para exponer sus demandas, sin importar cuan poderosos o grandes sean; por otro, terminar con la opacidad, las decisiones a puerta cerrada y el oscurantismo. Y, en última instancia, dotar de una mayor legitimidad a muchas de las normas que emanan por la acción de estos grupos.
Por esto mismo, ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa y entender que el loby necesita, como viene sucediendo, no solo profesionalizarse sino regularse. En muchos países, tanto del entorno de la UE como de fuera, están comenzando a hacerlo y son una forma más de acción política. Tanto es así que su normativización ha implicado la mejora de los canales de contacto y diálogo organización-Estado y, por ende, el fortalecimiento de cualquier decisión tomada desde la administración pública.
En España, después de más de 30 años de vacío legal, Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública, acogiéndose al IV Plan de Gobierno Abierto ha reconocido la intención de poner en marcha procedimientos normativos que aseguren la regulación de los lobies: creación de un registro obligatorio de los mismos, la reforma de la normativa básica estatal en materia de incompatibilidades con el sector privado y un reglamento que desarrolle la ley de transparencia. Pasos enormemente necesarios para mejorar la reputación de un sector que lleva pidiendo a gritos durante años una mayor regulación.
Al final, el diálogo abierto, la transparencia y la participación son cuestiones que nos afectan a todos. ¿Por qué no entender el lobismo como una forma de enriquecer la democracia y el derecho de pedir a quienes nos gobiernan, y olvidarnos de una vez de esa analogía que compara loby con tráfico de influencias?
Paula Mathioux Bonilla
