La creación y puesta en marcha, a mediados de septiembre, del Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid ha sido el último paso de una Administración para evitar la opacidad en la elaboración y aplicación de sus políticas públicas, y un impulso más para contar con instituciones públicas más accesibles, más transparentes, más cercanas y más abiertas a las necesidades de todos los ciudadanos.
La profesionalización del lobby y su sentido de utilidad pública
Desde tiempos inmemoriales, la palabra lobby ha sido un término estigmatizado por la sociedad, asociado a conceptos como la corrupción, el tráfico de influencias, las puertas giratorias, los conflictos de intereses o la falta de igualdad de oportunidades para todos.
Sin embargo, a día de hoy, cada vez son más las organizaciones y empresas que aportan al significado del lobby el sentido de utilidad pública que realmente tiene. Para conseguir una democracia más participativa y representativa, el lobby es la forma de participación para influir en la toma de decisiones públicas defendiendo unos intereses legítimos.
La profesionalización del sector está contribuyendo a mejorar la reputación de los profesionales de las relaciones institucionales, de los asuntos públicos, de la diplomacia corporativa, cualquiera que sea su denominación. Las empresas están dando un mayor peso dentro de su estructura a los Departamentos de Asuntos Públicos, porque esta actividad se percibe, cada vez más, como crítica y altamente estratégica para los éxitos de la compañía.
Además, la crisis de confianza de los ciudadanos en las instituciones y en sus representantes públicos ha hecho que la regulación de las actividades de lobby sea un tema más en la agenda política de los últimos años. Una regulación entendida como la articulación de un proceso de participación y acceso a los poderes públicos que evite la influencia indebida.
La participación de la sociedad en los asuntos públicos
La transparencia es el instrumento más eficaz de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, y la herramienta para lograr que la actuación de los poderes públicos sea más eficaz y eficiente.
Los ciudadanos tenemos el derecho a participar en los asuntos públicos, como recoge el artículo 23.1 de nuestra Constitución. Cada vez hay mayor interés por participar en la actividad política, social y económica de la sociedad de la que formamos parte, sobre decisiones públicas que afectan a nuestros intereses legítimos e influyen en nuestras vidas.
Las empresas deben estar legitimadas para canalizar dicha participación. La defensa del interés general no deja de ser el resultado de la suma de un buen número de intereses particulares.
Se trata, por tanto, de defender y legitimar los intereses corporativos con la sociedad civil, porque los asuntos públicos son un juego a tres bandas: decisores públicos, empresas y ciudadanos.
La defensa del interés general no deja de ser el resultado de la suma de un buen número de intereses particulares.
El trabajo de los lobbies y su aceptación por los decisores públicos
Los grupos de presión, grupos de interés o lobbies son organizaciones que desarrollan su actividad de influencia en representación de otros a cambio de una contraprestación por sus servicios. Llevan a cabo diversas acciones para influir en los poderes legislativo y ejecutivo (más del 90% de las normas que aprueba el Parlamento tienen su origen en el Gobierno), buscando el interés común de la posición defendida.
Bien es cierto que la diversidad política y parlamentaria que existe a día de hoy en España, pone de manifiesto en algunos grupos políticos ciertas discriminaciones apriorísticas, en función de estereotipos marcados previamente, entre organizaciones que defienden intereses “generales”, como podría ser una organización ecologista, o intereses “particulares”, como podrían ser las empresas.
Esta distinta acogida por parte de determinados miembros del poder legislativo y ejecutivo resulta discutible en una sociedad pluralista, donde cualquier ciudadano, asociación o empresa que pretenda influir ante los poderes públicos debería tener las mismas oportunidades de exponer sus intereses ante los reguladores.
Serán estos decisores públicos, una vez escuchados los argumentos, consideraciones y datos de todas las partes implicadas, quienes valoren si la intervención de esos grupos de presión sirve para mejorar el resultado final de la toma de decisión pública, adecuándola si es necesario a la mejora del interés general, pero habiendo garantizado previamente el principio de igualdad de participación.
Una regulación adecuada
Quizás la falta de regulación en torno al lobby ha podido ser la causa de que se legisle escuchando a unos más que a otros.
Sin embargo, cada vez son más las Administraciones que apuestan por una regulación adecuada para garantizar la transparencia y la participación de todos los representantes de intereses en sus procesos de toma de decisiones. Pero también resulta necesario dar publicidad a todas las entidades y ciudadanos que tratan de influir legítimamente en ellas, dejando constancia de todas aquellas actividades que han llevado a cabo para la consecución de ese interés legítimo.
En España ya hay varios registros de lobby en funcionamiento. Sólo existe un registro a nivel nacional, el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Pero hay varias Comunidades Autónomas, como Cataluña, Castilla-La Mancha o recientemente Madrid, que ya lo han puesto en marcha; y algunos Ayuntamientos también, como el de la ciudad de Madrid.
Esta dispersión de registros complica en gran medida la relación de los grupos de interés con las administraciones. Un registro común para todas las administraciones y organismos públicos simplificaría la actividad y facilitaría el control. Esperemos que sea posible con el tiempo.
