Pongamos sobre la mesa una situación en la que muchas veces habremos pensado: soy una ciudadana de a pie y quiero preguntar a Pedro Sánchez si cree que durante su mandato se llegará a algún acuerdo que resuelva la crisis de Cataluña; a Teresa Rivera si tras su afirmación “el diésel tiene los días contados” prevé indemnizar a las personas que tienen un coche que utiliza este combustible; y a José Luis Ábalos, sobre los plazos previstos para que su Plan de contención de la subida de los alquileres en las grandes ciudades, comience a dar resultados.
¿Qué hago? ¿Cómo puedo conseguirlo?
Seguramente todos habremos querido alguna vez estar delante de un Ministro y preguntarle por su opinión, la prioridad o la estrategia que pretende aplicar sobre determinados temas que son de nuestro interés y que nos afectan en el día a día.
Pues bien, esa función se llama control al gobierno y para ejercerla, la Constitución establece que los Diputados y Senadores puedan dirigirse al ejecutivo mediante diferentes fórmulas como son, entre otras, las preguntas y las interpelaciones, obligándoles así a rendir cuentas de su actividad o de sus propósitos. Legislatura tras legislatura, estos procedimientos registran un intenso volumen de actividad. Por poner un ejemplo, en los 6 primeros meses de 2018, el número de preguntas que Diputados y Senadores han realizado al Gobierno para obtener una respuesta de forma oral supera las 650 y las 1.700 respectivamente. Estas cifras aumentan significativamente cuando la respuesta que se demanda puede darse por escrito, llegando a alcanzar las 10.000 en el Congreso y las 13.800 en el Senado en este mismo semestre.
En España, esta labor de control está reservada en la mayoría de los casos a los representantes públicos, por lo que no es habitual que un ciudadano pueda preguntar a un político por vía parlamentaria sobre un tema concreto. Sin embargo, en algunas Comunidades Autónomas como Andalucía, Aragón, Canarias, y Murcia, los reglamentos de sus cámaras legislativas reconocen las preguntas de iniciativa popular, es decir, en estas regiones los Parlamentos ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de ejercer un control de la acción de Gobierno mediante la formulación de preguntas dirigidas directamente a sus respectivos Gobiernos regionales. Los métodos de proponer preguntas son similares en todas ellas aunque el número de preguntas registradas varía entre los distintos Parlamentos.
Entonces, ¿qué hacemos si fuera de estos territorios queremos preguntar por la acción del gobierno? Con el desarrollo de la digitalización se han puesto en marcha herramientas que promueven la generación de conversación entre ciudadanos y parlamentarios que en definitiva desarrollan una labor de control de la actividad política al obligar de forma directa a que los representantes políticos deban dar explicaciones sobre las decisiones tomadas, acercando estas acciones a los ciudadanos y aportándoles mayor legitimidad. Además, promueven otro efecto positivo porque permiten romper barreras que muchas veces parecen infranqueables entre la clase política y los ciudadanos permitiendo el refuerzo de la democracia.
Del escaño al salón de casa.
Como ejemplo muy utilizado, los clásicos Twitter y Facebook han acercado a muchos ciudadanos a los políticos al crear un canal en el que con libertad los primeros pueden dirigirse a los segundos y preguntar por su trabajo. El problema: en muchas ocasiones, y dependiendo de la responsabilidad del político, esta consulta se puede quedar en la mera conversación unidireccional en la que uno escribe y otro lee. Ante esta situación, existen herramientas de exclusiva comunicación como puede ser Osoigo, plataforma de ámbito político en las que los ciudadanos pueden hacer sus preguntas a aquellos políticos que voluntariamente se han unido y obtener una respuesta directa. Herramientas como ésta, dan lugar a un win-win político-ciudadano porque de un lado mejora la percepción de la clase política, vista en muchas ocasiones como ajena a la ciudadanía o alejada de la realidad social y permite a los políticos estrechar lazos con sus electores o potenciales electores. Por otro lado, el ciudadano también gana porque deja de ser un sujeto pasivo al que hay que convencer para ganar su voto y se convierte en un juez activo que demanda información y resultados.
En definitiva, mediante la conversación entre ciudadanía y clase política se genera control que da lugar a una serie de factores positivos para la democracia como son el aumento de la transparencia en las acciones de gobierno, el refuerzo de la coherencia en las decisiones tomadas por los representantes públicos y el incremento de la responsabilidad de quienes ocupan cargos de decisión pública.
Alicia Lecha | Ejecutiva de Cuentas en el área de Asuntos Públicos
